Paso la primera semana desde que se
autorizó la nueva tarifa de transporte público y los costos de una decisión mal
justificada y peor negociada.
De entrada, sabemos que el primer
damnificado es la población usuaria del transporte público, porque esos dos
pesos tienen un efecto multiplicador en los presupuestos de los hogares,
dañando su poder adquisitivo, más en el Estado de México en donde la actividad
económica tuvo periodos sin crecimiento durante el 2019 y que tampoco ha
mostrado capacidad de generar competencia y atraer inversiones necesarias.
De qué sirve que el Secretario de
Desarrollo Económico, Enrique Jacob, con amplia experiencia, haga giras, tenga
buena relación con los gremios empresariales o que se implemente una
herramienta innovadora como el Dictamen único de Factibilidad, cuando los
mandos medios de Comisión de Factibilidad encontraron la manera de generar
ingresos para sus bolsillos a través de la corrupción, pidiendo dinero a los
solicitantes de este trámite, el reflejo es claro, la caída en los índices que
marca el IMCO sobre la competitividad estatal.
Lo malo no es subirlo, si es que se
va a mejorar como la interminable justificación, sino que no hay oportunidades
para que los mexiquenses puedan aminorar el impacto económico. Esto sin contar,
que la política de transporte público que dicta Raymundo Martínez Carbajal ha
perdido totalmente su enfoque social, sin ya mencionar las bien sabidas
deficiencias económicas y de seguridad.
Por otro lado, tenemos otro grupo
social severamente afectado, entre los transportistas existe la queja de que al
no haberse aceptado la tarifa propuesta por los concesionarios, la excesiva cantidad
de $14 pesos, han optado en muchos casos en cargarle el costo de la negociación
con el Gobierno del Estado a los choferes de las unidades.
Desde imponerles el gasto promedio
en combustible, hasta abandonarlos a su suerte en accidentes de tránsito como
uno de este año en la ciudad de Toluca, además de comenzar a que ellos mismos costeen
algunas reparaciones.
Habrá que ver si las autoridades
estarán para defender los derechos laborales y humanos de los choferes o se
lavarán las manos.
Apunte
Tremenda desinformación la que ha
generado el nacimiento del INSABI, en sustitución del Seguro Popular, el
Gobierno federal debe aclarar su funcionamiento, pero no sólo mediáticamente,
sino crear reglas de operación claras para evitar abusos cometidos a los
beneficiarios.
Punto y Seguido.
¿Casualidad? No lo sé. En la
reciente encuesta de C&E México, sobre el ranking de alcaldes a nivel
nacional, figuró en la lista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presidente municipal
de Toluca, quien mostraba un buen desempeño en servicios públicos pero su talón
de Aquiles, la seguridad municipal.
Tras las vacaciones de invierno, su
reaparición es doble, dando un mensaje de seguridad personal y anunciando el
municipio la incorporación de una flotilla de motocicletas a las tareas de
seguridad.
Juan Rodolfo, sabe que necesita, pero
también sabe cómo atenderlo, esperemos que su objetivo se vea traducido en
beneficio y seguridad de quienes viven, laboran y transitan en la capital
mexiquense.
@jorgeoc
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