Tras la aprobación de la polémica ley “Inmigración, aplicación de la ley y vecindarios seguros" la más dura en nuestro vecino del norte. En la que, la gobernadora, Jan Brewer, convierte a Arizona en la primera entidad de la Unión Americana donde ser migrante indocumentado es delito.
Una ley que ha generado reacciones en contra desde los migrantes que residen en esta entidad, diplomáticos y políticos sobre la forma en que esta ley se promulga y tiene una tendencia preocupante a la violación de los derechos humanos.
Tanto ciudadanos norteamericanos como los connacionales que residen en la Unión Americana, se muestran desilusionados por el abandono para lograr una cuerdo migratorio satisfactorio para ambas naciones, lo aun más decepcionantes es la incapacidad de poder ofrecer mejora en las políticas migratorias que conlleven a humanizar las políticas migratorias de México.
En el Estado de México, no somos ajenos al fenómeno de la migración a los Estados Unidos, después que en las ultimas décadas se ha vivido la transformación de urbanización y pero también el abandono de las zonas rurales, en la que los habitantes no viven en carne propia el aumento de los indicadores de bienestar.
Una ley que fomenta la xenofobia y el odio de los ciudadanos de Arizona a los indocumentados que llegan, así como en nuestro caso, de mexicanos que se sienten agraviados por una ley que viola las nociones de imparcialidad y que separa a seres humanos en sus condiciones jurídicas.
La promulgación de la ley antimigrantes de Arizona, se un claro fracaso al acatar las responsabilidades por parte de los actores políticos que se ven involucrados no sólo en temas de migración sino en asuntos de relaciones bilaterales.
El abandono de estas políticas desde los diferentes niveles de gobierno, desde una Secretaria de Relaciones Exteriores que se limita a lamentar y juzgar a este ley recargando la tarea al embajador de México en Washington para ejercer las tareas diplomáticas, pero no es irresponsabilidad propia del gobierno federal sino también de la competencia de los estados que solamente aplican su responsabilidad de relaciones internacionales para atraer inversiones o hermandarse con ciudades, pero son pocos los momentos en los que se acuerdan de mexicanos que han salido de sus entidades, no hay políticas de atención que rompa fronteras solamente para cuidarlos en sus vacaciones para que no sean extorsionados por agentes policíacos.
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