Tras las fuertes críticas que han recibido los municipios por consumir el grueso de su presupuesto asignado en gasto corriente y en prestaciones personales, a esto se le debe sumar las quejas de empresarios que se han sentido relegados en el plan de contratos, la alcaldesa María Elena Barrera se reunió el día de ayer con ingenieros y constructores de Toluca, como una respuesta a los señalamientos que parecieron ser verdad al no declararse lo contrario.
Después de anunciar un paquete de obras por más de 220 millones de pesos, la alcaldesa se comprometió a dar más contratos a los empresarios presentes y algunos en adjudicación, aunque el anuncio puede ser tomado como un impulso a la industria de la construcción, la decisión de María Elena Barrera abre un debate entre los industriales institucionales, otros agremiados y los independientes.
La administración de Barrera Tapia esta creando barreras virtuales en la libre competencia por obtener licitaciones públicas, generando preferencias de mercado que abarcan más allá de la simpleza de tener la capacidad técnica económica y de garantía para poder cumplir con las asignaciones, en algunos casos discriminación afectando gravemente la descentralización de proveedores.
A la discusión, se torna más seria, porque es cuando debe hacerse un análisis sobre como es el manejo no sólo de obra, sino en general el sistema de compras de la actual administración municipal, la línea de solapar a los gremios empresariales, ¿también se aplicará a las adquisiciones gubernamentales? ¿El ayuntamiento en lugar de aumentar la competencia, concentra la industria?
Punto y Seguido.
Que siempre no, dice la fracción del PRI en San Lázaro, se retractan en su posición de disminuir en un 1% el IVA para el próximo año, tras fuertes presiones de instituciones financieras por cuestiones económicas y también las políticas por parte de los gobernadores, se decidió que se mantendrá el impuesto para crear un fondo de reconstrucción que será por lo menos de 55 mil millones de pesos. La propaganda que había hecho el PRI para reducir el IVA, iba a forzar la economía en algo que no tiene con que, aumentar su base recaudatoria. Inventando sistemas para desarrollar a México, su supuesto de eficiencia que ninguna institución pública, implicaría que el nuevo presupuesto acelere el desarrollo pero ni siquiera una solución real a la merma al poder adquisitivo de las familias y la capacidad de inversión de las PYMES.
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