Luis Rivera López, dejo la titularidad de la Dirección General de Seguridad Publica de Metepec, por “motivos personales”, justo cuando se vertía información en diversos sectores del crecimiento de la delincuencia organizada en el municipio. De manera oficial se desconoce la verdadera causa de la salida de Rivera López hijo del Magistrado Luis Rivera Montes de Oca, aunque en meses anteriores también se conoció que su nombre sería encontrado en presuntas “narco nominas” que investigan las autoridades correspondientes, pero nada se a aclarado en ese sentido. La dimisión de Luis Rivera, ex jefe de la policía estatal, se da luego de que su similar de Toluca Agustín Jordan Arzate dejará el cargo también por motivos personales. Se desconoce si el crecimiento del crimen organizado haya generado presiones en su trabajo o en verdad ya no haya tenido interés en encargarse de la corporación de seguridad pública, la verdad sólo la conocen las alcaldesas de Toluca y Metepec, y los exjefe de policía. No es desconocido que algunos rubros en la materia de Toluca y Metepec, eran abordados de forma metropolitana en coordinación con la ASE por lo tanto llama la atención la renuncia de Jordan Arzate y Rivera, casi de manera escalonada, como si estuviera consensada. En meses anteriores fueron de conocimiento público operativos del ejército y la policía federal en residencias de Metepec al parecer como parte de investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
Hay que recordar que cuando surgió la generación de los llamados “Golden boys” a Luis Rivera, en ese momento hijo del presidente del TRICA en la gestión de Arturo Montiel se le ubicó en esa corriente junto otros personajes jóvenes como Miguel Sámano, Carlos Iriarte, Eduardo Segovia y Luis Miranda Nava, a pesar de que este personaje era el menos talentoso.
Punto y Seguido.
Lanzan la alerta, tarde, ¿lo rescatable? es que ya hay conciencia de la decadencia que vive el IMSS. Vive desde hace décadas una crisis derivada de malas inversiones, un sistema de pensiones, operativo, demográfico y económico.
El no resolver la crisis del IMSS golpea severamente a patrones y trabajadores, que son quienes han absorbido la mala administración del instituto, lo que se necesita, no es un patriotismos como lo pide el presidente Calderón sino modificar o crear un instituto de seguridad social que no pacte con su sindicato obligaciones que generan pasivos superiores a su patrimonio, salarios reales que sean tendencialmente a la alza para subir las cotizaciones, que los trabajadores de este instituto no tengan derecho a prestaciones superiores a las que puedan alcanzar los afiliados, que no implique una verdadera carga fiscal y que sus recursos sean dirigidos correctamente en inversión pública en infraestructura y políticas sociales. Claro que quedan pendientes el asunto de sus altos pasivos y continuar las reformas en la materia.
La gran pregunta ¿Qué tan considerable es dejar vivir este instituto?
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miércoles, 3 de noviembre de 2010
jueves, 1 de julio de 2010
LEGITIMAR DELINCUENTES
Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre los presos de Atenco, muchos han querido martirizar a quienes participaron en aquella gresca donde golpearon policías, quemaron camiones, bloquearon carreteras, amenazaron con machetes, secuestraron funcionarios como el entonces subsecretario de gobierno de aquella región así como funcionarios de la Secretaria de Educación y de los Servicios Educativos Integrados del Estado de México, por no atender sus demandas y cada vez convertirse en un movimiento más violento, escudándose en una bandera de lucha social, pero con métodos de extorsión a las dependencias gubernamentales.
No es un secreto lo que las organizaciones sociales (¡ojo! no las asociaciones civiles) representan una carga para el gobierno estatal, una sanguijuela que sólo busca apropiarse de recursos, tierras, plazas pero sobre todo de una fracción del presupuesto. Frentes como FPDT, Antorcha, UPREZ, Tenería, UCI entre otras sabemos que viven a merced de lo que les otorgan las dependencias gubernamentales cómo educación, vivienda, transporte, desarrollo social y las que se dejen. Lideres como Ignacio del Valle, no buscan un beneficio social, sino que a través del oportunismo se hacen de poder para obtener ganancias de los recursos otorgados y de las cuotas que cobran a sus “simpatizantes” y miembros quienes tienen subyugados por violencia o amenazas.
El riesgo de la Suprema Corte es que aparte de su oficio, también parece que busca dedicarse a la política, ha dejado entendido que por encima de la ley no este nadie y que irregularidades como la integración de los expedientes no deben formar parte del sistema penal, pero también comienza a jugar otros intereses, sospechosamente con miras al 2012, porque es hasta hoy quieren que gran parte del costo político del conflicto de Atenco lo cargue el Gobernador Enrique Peña y sin dejar alguna imputación a quienes no supieron resolver las demandas de este frente como es el caso del exgobernador Arturo Montiel y de su secretario general de gobierno Manuel Cadena y de los funcionarios federales como Santiago Creel Secretario de Gobernación y de Pedro Cerisola Secretario de Comunicaciones y Transportes, todos ellos culpables de radicalizar el movimiento cuando si era social y defendia una ofensa en el precio de los terrenos.
A diferencia del poder judicial del Estado de México, que castigo a ambos bandos, que el tema de las penas es imputable al legislativo, la Suprema Corte ejerce su autonomía a conveniencia y quiere ser protagonista con miras al 2012.
Punto y Seguido
Después de fortalecer de protesta social a los machetes, el reto lo tendrá el Secretario General de Gobierno Luis Miranda Nava quien tendrá que lidiar a quienes doblaron sus sentencias con machetazos y que probablemente intentaran respaldar otros movimientos no tan cómodos.
No es un secreto lo que las organizaciones sociales (¡ojo! no las asociaciones civiles) representan una carga para el gobierno estatal, una sanguijuela que sólo busca apropiarse de recursos, tierras, plazas pero sobre todo de una fracción del presupuesto. Frentes como FPDT, Antorcha, UPREZ, Tenería, UCI entre otras sabemos que viven a merced de lo que les otorgan las dependencias gubernamentales cómo educación, vivienda, transporte, desarrollo social y las que se dejen. Lideres como Ignacio del Valle, no buscan un beneficio social, sino que a través del oportunismo se hacen de poder para obtener ganancias de los recursos otorgados y de las cuotas que cobran a sus “simpatizantes” y miembros quienes tienen subyugados por violencia o amenazas.
El riesgo de la Suprema Corte es que aparte de su oficio, también parece que busca dedicarse a la política, ha dejado entendido que por encima de la ley no este nadie y que irregularidades como la integración de los expedientes no deben formar parte del sistema penal, pero también comienza a jugar otros intereses, sospechosamente con miras al 2012, porque es hasta hoy quieren que gran parte del costo político del conflicto de Atenco lo cargue el Gobernador Enrique Peña y sin dejar alguna imputación a quienes no supieron resolver las demandas de este frente como es el caso del exgobernador Arturo Montiel y de su secretario general de gobierno Manuel Cadena y de los funcionarios federales como Santiago Creel Secretario de Gobernación y de Pedro Cerisola Secretario de Comunicaciones y Transportes, todos ellos culpables de radicalizar el movimiento cuando si era social y defendia una ofensa en el precio de los terrenos.
A diferencia del poder judicial del Estado de México, que castigo a ambos bandos, que el tema de las penas es imputable al legislativo, la Suprema Corte ejerce su autonomía a conveniencia y quiere ser protagonista con miras al 2012.
Punto y Seguido
Después de fortalecer de protesta social a los machetes, el reto lo tendrá el Secretario General de Gobierno Luis Miranda Nava quien tendrá que lidiar a quienes doblaron sus sentencias con machetazos y que probablemente intentaran respaldar otros movimientos no tan cómodos.
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