LEGITIMAR DELINCUENTES

Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre los presos de Atenco, muchos han querido martirizar a quienes participaron en aquella gresca donde golpearon policías, quemaron camiones, bloquearon carreteras, amenazaron con machetes, secuestraron funcionarios como el entonces subsecretario de gobierno de aquella región así como funcionarios de la Secretaria de Educación y de los Servicios Educativos Integrados del Estado de México, por no atender sus demandas y cada vez convertirse en un movimiento más violento, escudándose en una bandera de lucha social, pero con métodos de extorsión a las dependencias gubernamentales.
No es un secreto lo que las organizaciones sociales (¡ojo! no las asociaciones civiles) representan una carga para el gobierno estatal, una sanguijuela que sólo busca apropiarse de recursos, tierras, plazas pero sobre todo de una fracción del presupuesto. Frentes como FPDT, Antorcha, UPREZ, Tenería, UCI entre otras sabemos que viven a merced de lo que les otorgan las dependencias gubernamentales cómo educación, vivienda, transporte, desarrollo social y las que se dejen. Lideres como Ignacio del Valle, no buscan un beneficio social, sino que a través del oportunismo se hacen de poder para obtener ganancias de los recursos otorgados y de las cuotas que cobran a sus “simpatizantes” y miembros quienes tienen subyugados por violencia o amenazas.
El riesgo de la Suprema Corte es que aparte de su oficio, también parece que busca dedicarse a la política, ha dejado entendido que por encima de la ley no este nadie y que irregularidades como la integración de los expedientes no deben formar parte del sistema penal, pero también comienza a jugar otros intereses, sospechosamente con miras al 2012, porque es hasta hoy quieren que gran parte del costo político del conflicto de Atenco lo cargue el Gobernador Enrique Peña y sin dejar alguna imputación a quienes no supieron resolver las demandas de este frente como es el caso del exgobernador Arturo Montiel y de su secretario general de gobierno Manuel Cadena y de los funcionarios federales como Santiago Creel Secretario de Gobernación y de Pedro Cerisola Secretario de Comunicaciones y Transportes, todos ellos culpables de radicalizar el movimiento cuando si era social y defendia una ofensa en el precio de los terrenos.
A diferencia del poder judicial del Estado de México, que castigo a ambos bandos, que el tema de las penas es imputable al legislativo, la Suprema Corte ejerce su autonomía a conveniencia y quiere ser protagonista con miras al 2012.

Punto y Seguido
Después de fortalecer de protesta social a los machetes, el reto lo tendrá el Secretario General de Gobierno Luis Miranda Nava quien tendrá que lidiar a quienes doblaron sus sentencias con machetazos y que probablemente intentaran respaldar otros movimientos no tan cómodos.